“El cannabis nos desafía, desnuda nuestras debilidades, nuestro marco regulatorio, y muchas falencias en materia de derechos”

Por Julio Longa

En nuestro país y en toda latinoamérica, el debate sobre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial ha cobrado una relevancia creciente en los últimos años. Los temas centrales de esta discusión incluyen la revisión del marco regulatorio actual, que limita el uso y la comercialización de productos con THC, así como el impacto de la legislación penal que criminaliza el cultivo y el consumo. En este sentido, el papel de las organizaciones sociales y la sociedad civil es fundamental en la lucha por la legalización y el acceso a tratamientos, así como la importancia de la educación y la capacitación en este ámbito.

Marcelo Morante, médico especialista en medicina interna y experto en cannabis, nos ofrece su perspectiva sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta la regulación de estas sustancias. En un contexto donde el cannabis medicinal y el cáñamo industrial están en el centro del debate social y político en Argentina, se desarrollará el nuevo Congreso internacional de cáñamo industrial y cannabis medicinal en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, los próximos 9 y 10 de mayo.

Como para ponernos en contexto, ¿de qué se trata y por qué es tan importante este congreso internacional sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal, que se va a realizar los días 9 y 10 de mayo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche?

El congreso es una cita obligada para todos aquellos que venimos llevando esta problemática con una lógica clara desde hace más de 10 años. Creo que es fundamental que cada uno pueda expresar su punto de vista y que de ahí salga un producto de calidad, una hoja de ruta clara, un documento que exprese cómo creemos todos que sería una salida para ese nuevo Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) del 2025 que necesitamos construir. Fíjense que los extranjeros que vienen, por ejemplo, los representantes de Chile y Uruguay, fueron parte de la construcción del REPROCANN acá en Argentina. Y no es casualidad que ellos, a pesar de que vamos a una universidad pública y podríamos pensar en un perfil más acotado, quieran ser parte de esta realidad argentina. Una realidad que en algún momento parecía que se encaminaba para ser punta de lanza y cambiar las regulaciones en los países de la región, y de repente se detiene.

Este Congreso lo que intenta es discutir todas las aristas, discutir el uso medicinal desde lo que dice el actor social, un toxicólogo, la industria que está comenzando a armar su cámara, una empresa que quiere hacer un desarrollo de cannabis en Argentina y las reglas de juego no están claras. También lo que dice una provincia. Van a asistir muchos representantes de provincias que intentan definir cómo pudieron o intentan cambiar patrones de cultivo, o sea, salir del tabaco como fuente de ingresos y de trabajo para meterse en la industria del cannabis. Bueno, eso claramente tiene que tener un marco regulatorio, porque si vos no generás el fin legítimo te cae la ley penal. Entonces ese es un escenario para la provincia, para los municipios y para los actores sociales que se quieren cooperativizar y hacer una economía social y vivir de lo que les gusta, que es cultivar cannabis para aquellos que consumen o aquellos que tuvieran una demanda medicinal. Este escenario, que es tan claro y lo podemos discutir con mucha naturalidad, requiere un marco regulatorio. Argentina no ha avanzado mucho en el marco regulatorio.

¿Y cuál te parece que hoy es el tema central a nivel país y también a nivel internacional? ¿Qué es lo que se pone en discusión?

Si uno se pregunta cuál es el núcleo central, la respuesta es cómo está considerada la planta de cannabis en la sociedad, cómo la sociedad va modificando su mirada al respecto. Y ahora la cuestión es cómo los estados modifican sus sistemas de regulaciones para dar respuesta a lo que la sociedad demanda. ¿Y qué demanda la sociedad? Básicamente dos cosas: poder acceder a un producto seguro en el contexto de la salud y lograr que retroceda la legislación penal que está lesionando derechos individuales de autodeterminación y de consumo privado.

Argentina no ha modificado demasiado ese encuadre a nivel legislativo, pero sí lo ha hecho claramente en la legitimación social. Acá esos son los dos puntos clave. La problemática parece tener muchas dimensiones, pero Argentina no resolvió lo que la sociedad demandó hace más de 20 años con respecto a que la legislación penal sigue vigente. Entonces, si vos le sumás legislación medicinal, legislación de la industria, sin modificar el escenario penal, claramente lo medicinal va a tener una traba en el acceso y la industria va a tener un problema de costos importante ahí.

Pensando en estos dos ejes fundamentales, legislación y salud, ¿cómo conviven cuando, al hablar de cannabis, todavía prevalece la mirada de una persona que consume marihuana?

A ver, creo que el error a veces está en pensar la salud solamente desde el punto de vista médico, en medicalizar la salud. La salud social, es decir, algo que va más allá de lo puramente médico, está lesionando derechos humanos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la autodeterminación… Pensemos en alguien que tiene cinco plantas en el patio de su casa, por autodeterminación y para consumo propio. Con una legislación penal vigente que te puede iniciar una causa penal, esa persona puede perder el trabajo, tener dificultades en el tránsito. Es decir, por ese simple hecho, se le está lesionando un derecho humano básico.

Ahí no estamos hablando de un síntoma médico, no estamos hablando de fiebre o de una neumonía, estamos hablando de que la salud se tiene que mirar como un proceso mucho más integral. Y si hablamos de completo bienestar social, no podemos tener legislaciones que atenten contra los derechos humanos. Entonces, ahí es donde uno puede confundir el medicalizar un proceso y buscar qué tan trascendente es el cannabis en la epilepsia o en el insomnio, que claramente son usos importantes en lo medicinal. Pero la sociedad tiene que debatir en profundidad cómo es posible que en la actualidad tenemos leyes vigentes que lesionen derechos de esta manera. Ese es para mí el debate de fondo y quizás lo que la sociedad civil nos trae continuamente a la agenda.

¿Cuáles son los actores de esta situación?

El escenario inicial fue la sociedad civil organizada planteando el cultivo de una planta de cannabis para consumo personal. Había países que habían legalizado el consumo, pero curiosamente, el cultivo siempre estuvo de alguna forma prohibido. Un uruguayo te diría que es como que te permitan tomar mate pero no te dejen comprar yerba. Es decir, tenés que armonizar la legislación, porque el consumo de cannabis en el mundo, no solamente en Argentina, aumentó para el uso medicinal con la evidencia científica en determinados síntomas y patologías; y el consumo adulto también aumentó pero sin regulación.

Cuando miramos el panorama actual, vemos una desconexión preocupante. Entre 2018 y 2022, mientras funcionaba el Ministerio de Salud, se impulse la investigación en cannabis medicinal, aprobando más de 50 proyectos a través de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). En el actual gobierno, al funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía, ARICCAME centra su discusión y desarrollo exclusivamente en el cáñamo industrial. Esto genera un choque de realidades evidente: ¿qué sucede con esos proyectos de cannabis medicinal ya en marcha, con permisos y con inversión? Se esperaba una transición lógica bajo la nueva ley, pero ésta parece enfocarse de manera excluyente en el cáñamo, una planta que, por su bajísimo contenido psicoactivo, nunca debería haber estado prohibida. Sin embargo, en Argentina se la prohibió en los ’70, ¡para la fabricación de alpargatas de yute! Es paradójico que esta materia prima industrial siga atrapada en una legislación de estupefacientes.

¿Por qué se plantea de esa manera? ¿cuál es la diferencia entre cáñamo y cannabis?

En Argentina, la distinción entre cáñamo industrial y cannabis psicoactivo no se basa en criterios agronómicos de la planta en sí, sino en el porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC) que contiene. El THC es el principal compuesto responsable de los efectos psicoactivos asociados al consumo recreativo de cannabis. El cáñamo industrial se define legalmente en Argentina como aquella variedad de la planta de cannabis cuyo contenido de THC es inferior al 1%. Por su parte, el cannabis psicoactivo se considera a la planta de cannabis que contiene un nivel de THC superior al 1%.

El punto crucial radica en cómo el THC está clasificado en los tratados internacionales, específicamente en la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. A pesar de que en 2020, en una reunión en Viena, se retiró a la planta de cannabis y su resina de la Lista IV (reconociendo así sus potenciales propiedades terapéuticas), el THC persiste en la lista I de tratados internacionales, como psicotrópico. O sea que se saca la planta de la lista IV, al reconocerse las propiedades terapéuticas, pero su compuesto más bioactive, que es el THC, lo dejan en la lista I y las sustancias que estén en esta no pueden ser parte formulaciones medicinales.

Es una paradoja importante porque si bien se ha reconocido el valor terapéutico de la planta en su totalidad al sacarla de la Lista IV, mantener su componente bioactivo principal, el THC, en la restrictiva Lista I, obstaculiza el acceso a formulaciones medicinales efectivas. Es decir, aunque la planta ya no esté en la categoría más restrictiva, la limitación sobre su componente principal impide su pleno aprovechamiento terapéutico.

Exacto. Hoy Argentina y el mundo tienen que modificar ese sistema de listado. Cuando uno sale de esos sistemas de listado tan complejos, la industria tiene más chance de desarrollar, por ejemplo, productos medicinales con THC. Argentina tiene los productos que tiene en el mercado, en las farmacias y también tiene buenas prácticas de cultivo. Pero discutimos por el cannabis con 0,3% de THC. ¿Eso que significa? Que el marco regulatorio de nuestra agencia regulatoria, que es el ANMAT, no permite que el producto finalizado tenga más de 0,3% de THC. O sea que en Argentina está todo penalizado, más allá de que la Constitución, los amparos y fallos de la Corte, ya reconocen el usuario, reconocen el cultivo, reconocen al REPROCANN como el piso desde el cual se pueden discutir otros procesos, está prohibida la comercialización. Pero sí está aceptado que, quien tiene REPROCANN. puede cultivar hasta nueve plantas florecidas, 15 m² exterior, puede transportar hasta 40 gramos de flores secas o seis frascos de derivado de cannabis. O sea que ese escenario de acceso está resuelto, lo que pasa que no podría dar respuesta a todo el consumo de cannabis que hay en un país.

¿Decís que ese escenario de acceso está resuelto pero qué pasa hoy con las medidas que está adoptando el gobierno nacional? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema?

Existen decisiones políticas que están generando demoras significativas en el acceso legal al cannabis medicinal a través del REPROCANN y la imposición de requisitos considerados excesivos para los médicos prescriptores. Obviamente esto provoca consecuencias negativas, que empuja a los pacientes hacia el mercado no regulado y dificulta la implementación de políticas de reducción de daños y protección de la salud pública.

Y un ejemplo claro es la resolución que sacaron en el 2024, donde le exigen al médico que quiere indicar un derivado de la planta de cannabis tener una diplomatura o un magíster. Miren, yo soy profesor en la facultad, nosotros damos una diplomatura en la Jauretche, y uno podría decir, “qué bueno, hay una exigencia académica que no se ve en otros lugares”. Pero, sinceramente, pensar que ese es un requisito indispensable para que alguien pueda indicar cannabis medicinal, cuando para otras drogas mucho más complejas en su uso no se pide lo mismo, ¡es una locura! Ahí es donde uno ve la decisión política: la demanda no se va a regular por el título que tenga el médico, ¡todo lo contrario!, lo único que se logra es entorpecer el proceso y mandar a todos esos pacientes que están esperando al mercado no regulado.

Entonces, tener una legislación inadecuada, no es inocuo para la salud social ni para la salud individual, porque esa demora de la que hablamos, lo que está haciendo es empujar a la gente a un mercado donde no hay ningún tipo de control. Y en el mercado no regulado los riesgos son otros, son diferentes a los que puede tener una planta en sí, por temas de violencia, porque no hay regulación de ningún tipo.

Con el mercado regulado, podés decir dónde se puede consumir, si se puede consumir en espacios cerrados, en ámbitos laborales, o si alguien está intoxicado. No estamos hablando de legalizar sin más, sino de regular, para lo que la política internacional llama “reducción de daños”. Esas son las cosas que uno piensa, y cuando escucha a algunos funcionarios hablar con tanta liviandad diciendo “no, no, no…”, uno se da cuenta de que no tener bien regulada una sustancia controlada con estas características, lleva a gran parte de la población a un escenario donde van a tener un daño, no solamente en sus derechos individuales, sino que también se va a lesionar mucho más su salud.

Volvemos sobre los actores que definiste como protagonistas de esta temática, ¿cómo conviven entre ellos y qué lugar ocupan hoy en día las organizaciones sociales pensando en estos marcos regulatorios que se cuestionan o están en conflicto?

Acá el gran desafío es que nos podamos sentar todos a la misma mesa, aunque tengamos miradas diferentes, para poder legitimar un proceso que, si miramos en Argentina, fue lo que dio origen a la ley de cannabis medicinal. Esa ley no surgió de la nada, fue motorizada por mamás que se fueron organizando porque se dieron cuenta de que el Estado no estaba presente para darles respuestas. Entonces, ¿qué hicieron? Se vincularon con el ámbito académico, fueron a buscar a los legisladores y así se generó la Ley 27350, allá por el 2017.

Un poquito más adelante, se sumaron otros actores, la cosa se volvió más integral y empezó a surgir la idea de la industria. Pero ojo, estos actores de la sociedad civil organizada estuvieron siempre ahí. No se puede pensar en la discusión sobre el cannabis sin tener en cuenta a la sociedad civil organizada, porque son ellos los que le dan el origen a todo. En mi propia experiencia, la interacción con las madres me dio un sentido profundo a muchas cosas de mi trabajo como médico. Y cuando uno ve a la sociedad organizada, a aquellos que de alguna manera generan productos con estándares de calidad, que se vinculan con la universidad para hacer los análisis, las cromatografías, y logran un desarrollo que incluso puede dar origen a una PyME, queda clarísimo que los actores sociales siempre han sido el motor de todo este movimiento.

Pero claro, la ciencia también tiene un rol fundamental, le da un sustento a los usos medicinales. Por eso vamos a convocar a referentes de todo el país para hablar de temas específicos, como epilepsia, donde tenemos a Silvia Kochen, que es una referente no solo en Argentina, sino a nivel mundial. También vamos a tener expertos en dolor, en enfermedades metabólicas, en cuidados paliativos. Este congreso va mucho más allá del simple reclamo social, le estamos poniendo la voz de los referentes académicos a los usos medicinales y también estamos mirando a la industria.

Con respecto a lo que planteabas en este contexto sobre evidencia científica, hablás de dolor, epilepsia. ¿Qué se exige como evidencia científica?

A ver, claro, la evidencia científica… justamente hablaba de lo importante que es, que este congreso se dé en un ámbito universitario, donde se discuten las características de la evidencia, cómo se genera realmente, y no en un congreso de reumatología, por ejemplo. Porque ahí van a llegar referentes mundiales a hablar de monoclonales o de alguna herramienta que pasó por procesos muy estrictos y con mucha inversión de la industria farmacéutica. Acá, los actores universitarios no tienen ese respaldo económico de la industria, son más bien investigadores básicos que llegan a investigaciones clínicas con estudios que son, en su mayoría, observacionales.

Entonces, es llamativo cuando alguien con una mirada prohibicionista pregunta, “pero, ¿cuánta evidencia hay del cannabis para la fibromialgia?”. Y la respuesta es que no hay una evidencia contundente como la que se exige para un fármaco tradicional. Entonces se plantea un debate binario: ¿hay o no hay? Y claro que hay evidencia, pero es de tipo observacional, una evidencia que tiene esa característica particular porque la planta estuvo en un escenario prohibido, con muy poca inversión estatal en investigación. Pero la evidencia no la tomamos solo de Argentina, sino que vemos lo que pasa en el mundo. Y uno puede decir que desde la década del 90 hasta ahora, la evidencia se fue acumulando.

Ahora, ¿qué nivel de evidencia le vamos a exigir a la hora de desarrollar un producto que esté en nuestra farmacia o en un dispositivo clínico? Entendemos que la evidencia se sigue construyendo, pero la evidencia para un medicamento, ya hay dos o tres en las farmacias, es de un producto prácticamente purificado. No es tan sencillo construir evidencia regulatoria con una fitoterapia. La fitoterapia tiene más de 120 compuestos bioactivos que se combinan de formas diferentes: cannabinoides, terpenos, flavonoides, distintas variedades de planta… son procesos mucho más complejos que la purificación de un solo compuesto.

Pero claro, ambos escenarios deben convivir bajo buenas prácticas. Y ahí surge la pregunta: ¿cómo certificamos esas buenas prácticas para generar la materia prima? Porque si, por ejemplo, pedimos $500.000 para certificar buenas prácticas, claramente vamos a apuntar a un productor grande, y el pequeño productor no encajaría en ese esquema. Tiene que haber una certificación de buenas prácticas adaptada a las diferentes escalas. Y en este ámbito universitario, en esta diplomatura, se discuten manuales, buenas prácticas que las mismas asociaciones civiles van desarrollando y mejorando con el tiempo. Uno puede ver la evolución de cómo se discutían las buenas prácticas hace cinco años en este ámbito y cómo se discuten ahora. Todos están perfeccionando y aprendiendo. Ahora, si vamos a la certificación canadiense de buenas prácticas, ahí ya hay que invertir una cantidad de dinero que un pequeño productor no podría tener. Entonces, la discusión de una economía social pasa por discutir esas certificaciones de calidad adaptadas.

Yo vengo del municipio de General La Madrid, y ahí tenemos el cultivo de General La Madrid, el hospital de General La Madrid con su propio circuito. Entonces, cultivadores, pacientes y funcionarios están en el mismo espacio para entender la lógica de los costos reales. ¿Y a qué se podría aspirar con una producción de La Madrid? Bueno, La Madrid como productor generaría materia prima que podría servir para un ensayo clínico que se va a realizar en el Hospital del Cruce. O sea que, de alguna forma, esa evidencia que tanto se demanda se genera en estos escenarios, con actores que estén dispuestos a salirse de esa discusión estigmatizante de lo bueno y lo malo, lo prohibido y lo permitido. Trabajemos en este escenario, porque si realmente queremos generar evidencia, hay que dar un puntapié inicial. La Madrid con su cultivo, el Hospital del Cruce con una referente como Silvia Kochen, podrían consolidar un escenario para la investigación en epilepsia.

Para mí, esas son las sociedades que deben darse para que Argentina no se compare con Canadá o Alemania. Porque claramente que la industria y la sociedad científica de esos países son diferentes. Pero las buenas prácticas nos atraviesan a todos. Todos queremos que nuestros hijos reciban un producto de calidad, todos queremos que nuestros hijos no vayan presos. Son escenarios que debemos trabajar como sociedad para ser más justos y equitativos. Y el cannabis nos desafía, desnuda nuestras debilidades, desnuda claramente nuestro marco regulatorio, desnuda muchas falencias en materia de derechos.

Una ministra de seguridad está para proteger derechos. Como concepto puede ser idealista, pero llama la atención cuando uno escucha un discurso contrario y ve que la policía se vincula con otro tipo de accionar. Básicamente, la policía está para proteger mis derechos. Claramente que yo podría ser sancionado si lesionara a terceros o afectara la salud pública. El derecho humano y el derecho a la salud pública son los bienes que se protegen. Pero si no lesiono a nadie y no afecto la salud pública, no debería aplicarse la ley de estupefacientes. Entonces, que el Ministerio de Seguridad justifique un accionar diciendo que así disminuye el consumo de cannabis es un error. Los consumos no se disminuyen así, y tampoco se regula el narcotráfico de esa manera. Lo que se hace es lesionar la salud social. La pregunta es ¿por qué entonces la policía para a alguien y revisa todo su coche por un porro? ¿En qué se basan? ¿Realmente creen que así se combate el narcotráfico o lo tienen legitimado como una acción habitual? En esa mesa de discusión con la policía, la salud y la producción, lo importante es que haya un acuerdo de que para que las cosas funcionen bien en salud y producción, la seguridad es un actor clave, pero no el que define las reglas, sino el que debe tener la mayor capacitación para entender lo que significa REPROCANN: una ampliación de derechos que aleja la ley penal cuando hay un fin legítimo.

¿Y ahora, pensando en esto, pensando en el REPROCANN y con todo un gobierno que hoy en día tiene un discurso de odio muy grande hacia las minorías, que fomenta aún más las estigmatizaciones, no te parece que todo el mundo cannabis y todo este mundo genera o implica que haya un permanente retroceso, que le cueste mucho poder proyectar hacia una propuesta o al menos hacia un trabajo en donde las distintas partes, los distintos actores puedan convivir mejor?

A ver, yo estoy convencido de que este debate tiene una evolución de más de 20 años. Han pasado distintos gobiernos y lo bueno es que el actor social siempre se mantiene activo y siempre viene a los ámbitos universitarios con una propuesta, con una forma de buscar la solución al problema. Porque como actor social y como alguien que milita desde la ciencia, uno puede elegir ser el que critica y tira piedras o el que aporta soluciones. Y creo que lo positivo que siempre tuvo este movimiento del cannabis es que, fijate vos, la Ley 27350 es del 2017, otro escenario político totalmente diferente al actual. Y después se vuelve a reglamentar en el 2020, otra coyuntura política distinta. ¿Y quiénes eran los actores principales? Los mismos.

Digo esto porque la sociedad nos atraviesa a todos: a jueces, a policías, a fiscales. Y al Dispositivo Clínico de Florencio Varela, por ejemplo, lo atraviesa la misma realidad: una necesidad, una herramienta para el dolor, que en algún momento todos necesitamos. Esto no es patrimonio de un político de turno. Para mí, la solución vuelve a ser la misma: que los ámbitos universitarios nos convoquen a todos, que nos sentemos a la mesa y que siempre saquemos un documento con una solución, una salida transitoria a este escenario que hoy vemos más complejo, y también para los escenarios que vendrán. Siempre tenemos que ser parte de la solución. Como sociedad siempre nos debemos sobreponer a la dificultad que nos plantea un funcionario de turno.

Planteás un escenario muy interesante, de relaciones de sociedad, de productores, de quienes se benefician de la economía social prácticamente. ¿Y qué papel asumen las grandes farmacéuticas?

Les doy un ejemplo concreto, en el 2017, ni bien vieron que en Uruguay había un escenario regulatorio mucho más permisivo o favorable, rápidamente compraron campos allá y empezaron a cultivar cannabis. Esto te demuestra que los principios terapéuticos que tiene la planta de cannabis también van a ser aprovechados por la industria farmacéutica. De hecho, los productos que tenemos hoy en la farmacia son de las farmacéuticas: el kanbis, el convupidiol, el Ratisalil Con Cannebidol, son todos son productos farmacéuticos. Yo no veo esto como un obstáculo, al contrario, creo que la investigación y las propiedades terapéuticas del cannabis van a ser aprovechadas por las farmacéuticas también. Ese es un escenario con sus propias reglas.

Después está el otro escenario, el del pequeño productor. Pero lo que no se visibiliza o no se discute lo suficiente es el uso adulto. Y en el uso adulto, la farmacéutica no entraría de la misma manera. Porque uno antes podía pensar, “bueno, esto no va a crecer nunca porque la farmacéutica se va a oponer a que salga un analgésico natural, porque si no, no le vamos a comprar sus analgésicos”. Pero la realidad es que la farmacéutica ya desarrolló productos para la analgesia en base a cannabis. O sea que esa discusión también tiene algo de estigmatizante para la propia industria farmacéutica.

Para mí, lo que realmente no se visibiliza es el uso adulto. Si uno se pusiera a pensar cuál es el mercado más grande a nivel mundial, ¿el medicinal o el adulto?, la respuesta es fácil: el uso adulto supera ampliamente al medicinal. Lo que pasa es que, claramente, para legitimar el cannabis ante la sociedad, primero se buscaron y se encontraron principios terapéuticos para que la sociedad dejara de ver a los consumidores en un escenario estigmatizante. Pero eso es algo que tenemos que debatir más profundamente: ¿por qué se me mira de una forma o se piensa que soy esquizofrénico por consumir cannabis y no cuando se me ve consumir clonazepam o alcohol? Son discusiones sobre sustancias de consumo frecuente que claramente debemos tener.