Por Damián Ierace
Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2019 en una situación crítica luego de cuatro años de políticas neoliberales. Según el INDEC al final del gobierno de Mauricio Macri la pobreza llegaba al 35,5 por ciento, mientras que la indigencia trepaba al 8 por ciento. Y lo más grave era el retorno a la Argentina de un problema que parecía superado luego de los doce años del ciclo kirchnerista, el problema del hambre.
Según los datos que por entonces daba a conocer el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el tercer trimestre de 2019 el 9,3% de la población urbana vivía en hogares donde se padecía hambre o inseguridad alimentaria severa, al tiempo que la inseguridad alimentaria alcanzaba al 22,2% en todo el país. Con ese escenario inicial, y a poco de andar, la pandemia de Covid-19 llegó para complejizar aún más la situación y empeorar todos los indicadores.
¿Cuáles fueron las respuestas del gobierno ante ese escenario de crisis? ¿Qué impacto tuvieron las medidas adoptadas antes y durante la pandemia? ¿Qué características particulares tienen las políticas sociales de Alberto Fernández comparadas con las que implementaron los gobiernos que lo precedieron? ¿Cómo serán las políticas sociales de la post-pandemia?
Marcelo Kowalczuk es docente de la materia Promoción Social de la Salud en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y consejero provincial del Colegio de Trabajadores Sociales. En diálogo con Tesis, contextualiza la llegada de Alberto Fernández a la Rosada en medio de una profunda crisis económica y social.
“El gobierno recibió una herencia muy dura. El macrismo terminó, luego de un proceso de cuatro años, en un industricidio, un fuerte golpe a la industria nacional y al empleo, y eso llevó a que a fines de 2019, se haya duplicado la desocupación y a una fuerte alza en los índices de pobreza e indigencia. Y apareció un fenómeno que, si bien no es nuevo, tomó una dimensión importante que fue la reaparición del hambre en la Argentina. En la última etapa del gobierno de Cristina estábamos prácticamente con hambre cero. No con pobreza cero, ni indigencia cero, pero sí habíamos llegado a tener hambre cero, y con el macrismo volvimos a tener hambre en Argentina”.
En ese marco, Kowalczuk destaca como un acierto el Plan Argentina contra el Hambre, una de las primeras medidas de política social adoptadas por el gobierno. “El Plan Argentina contra el Hambre es una experiencia muy interesante, interactoral, donde participan no sólo los ejecutivos nacionales, provinciales y locales sino también las universidades y una multiplicidad de actores económicos, sociales, culturales que se plantearon esa primera pelea de combatir el hambre. En ese marco la Tarjeta Alimentar fue y es muy importante. Y en el medio de esto aparece la pandemia, que nos dio vuelta no sólo a nosotros, sino a todo el mundo”.
“Lo que uno valora es tener un Estado presente frente a la crisis económica y social que trae la pandemia, como una primera cuestión. Eso es lo que estamos transitando ahora, el IFE, el ATP y la asistencia alimentaria, que es de un volumen inmenso, 11 millones de personas en el país están recibiendo asistencia alimentaria”, agrega Kowalczuk.
María Esperanza Casullo es politóloga, doctora en Gobierno por la Universidad de Georgetown (Washington, DC) y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro. Si bien sostiene que es difícil evaluar las políticas sociales del gobierno actual debido a que estamos atravesando un momento excepcional y de emergencia debido a la pandemia, considera que “las políticas sociales, tanto las de transferencia de ingresos, como el IFE y el programa Alimentar, como las destinadas a las empresas para sostener el trabajo, como el ATP, implican un esfuerzo muy importante por parte del gobierno”, que colocan a la Argentina entre los países que más está invirtiendo en materia social en Latinoamérica.
“De no haber existido estas políticas Argentina estaría en una situación catastrófica, comparable a la crisis de ’89. El impacto de estas políticas fue contener una crisis social, que de no existir estas medidas, hubiese alcanzado niveles inéditos”, afirma.
¿Cómo caracterizan la política social del gobierno actual en relación con la de los anteriores?
Kowalczuk: Al igual que en la etapa de Cristina, uno lo que ve es un Estado presente frente a las necesidades de la población. Sabemos que muchas veces no alcanza pero hay una respuesta. En su momento fue la asignación universal por hijo, una medida de transferencia de ingresos muy importante para los sectores de trabajadores no registrados.
Hoy, contra los que protestan por los que supuestamente viven del Estado sin trabajar, el discurso antiplanero, los planes que está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Programa Potenciar Trabajo para articularlos con el mundo del empleo registrado son cerca de 500 mil y somos 45 millones de argentinos. Es una cantidad pequeña de planes sociales, y la asignación universal es el salario por hijo o por embarazo, que en su mayoría corresponde a trabajadores no registrados.
Casullo: Me resulta difícil decir cuál es el modelo de política social del gobierno porque está todo muy caracterizado por la pandemia, y porque, después del impulso muy fuerte que se le dio al IFE y a la Tarjeta Alimentar no hubo lanzamientos equivalentes en los últimos meses. Creo que el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una primera época en donde se apostó mucho a la reactivación del empleo como la principal política social, imaginando que la creación de empleo iba a solucionar los problemas de pobreza, de deficiencia de ingreso de los hogares. Después, en el año 2009, el gobierno de Cristina Kirchner, de alguna manera llegó a comprender algo que hoy es un dato básico de la estructura social argentina, que es que en Argentina el empleo por sí solo no soluciona ni la desigualdad ni la pobreza. En Argentina perfectamente se puede tener una situación de un dígito de desempleo, como fue en los últimos años de la presidencia de CFK, y sin embargo seguir teniendo pobreza e inclusive niveles de indigencia, porque ya no se trata del empleo en blanco, formal, con el cual Argentina convivió durante el siglo veinte sino que hay un 30 por ciento de empleo informal. Ese es el nudo de la cuestión. Me parece que este gobierno quiere avanzar en políticas sociales, pensar formatos innovadores, creo que la tarjeta Alimentar fue eso, pero me parece que ese dato sigue existiendo. ¿Qué hacemos con las políticas sociales en un país en el cual el treinta y pico por ciento del trabajo es informal? Esto pone un techo, en donde hay momentos de gran dinamismo de creación de empleo pero aun así, el empleo de por sí no elimina la pobreza. Yo creo que pensar un esquema de renta universal sería muy importante en este contexto.
¿Cuáles consideran que deberían ser las políticas sociales de la post-pandemia?
Kowalczuk: En el marco de las políticas de ingresos me parece interesante el debate sobre la renta o salario universal, como instancia posterior al IFE. Creo que es importante que el Estado pueda garantizar una renta universal a los desocupados y al trabajador que vive de changas. Hay que garantizar un piso de ingresos por arriba de la línea de indigencia hasta que puedan reingresar al mercado laboral formal. Eso es fundamental en lo que viene.
También es importante desarrollar una política social, pensando en la post-pandemia, que haga fuerte eje en el trabajo territorial. No basta con transferencias de ingresos. Obviamente que es central que la gente tenga plata en el bolsillo para poder vivir y reactivar el mercado interno, porque la política de transferencias hace también a la reactivación del mercado interno, pero con eso no basta. Es importante armar dispositivos como hubo en la época de Alicia Kirchner, algo parecido a lo que fue el Plan Ahí, un plan de abordaje integral en donde iba todo el Estado a ciertos barrios. Se podría tomar el censo de barrios populares, que son aproximadamente cuatro mil zonas en todo el país de alta vulnerabilidad social. Y ahí hay que hacer dispositivos donde todo el Estado esté presente trabajando con mecanismos de participación popular, con mesas de gestión, donde estén todos los actores gubernamentales, el Municipio, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el ANSES, Salud, Educación, junto a los actores sociales del territorio, viendo cuáles son los problemas de ese territorio y planificando en forma conjunta y participativa la solución. Que el Estado ofrezca una caja de herramientas en esos territorios, porque es importante darle territorialidad a la política social, y me parece que ese es uno de los desafíos que se nos vienen para la próxima etapa.
Casullo: Sabemos con qué tipo de política se solucionan la indigencia y el hambre. Se solucionan con transferencias directas universales y se solucionan haciendo una política muy agresiva de buscar focalizadamente a poblaciones que tienen situaciones en donde se determinan causales de pobreza. Estoy hablando de familias, personas, que, por ejemplo, tienen una discapacidad y son pobres, o tienen una situación de desempleo y una situación de violencia de género. Es decir, grupos que están sujetos a situaciones que tienen no una sino varias causas de exclusión o de injusticia social.
Sin embargo a mí lo que más me preocupa no es tanto la situación social desde ese punto de vista sino otras discusiones que son más difíciles de resolver y que va a haber que solucionar. Cuestiones que tienen que ver con la articulación comunitaria, cuestiones que estamos viendo relacionadas con la seguridad ciudadana y el aumento del delito (que ningún gobierno democrático de Latinoamérica sabe qué hay que hacer para solucionarlo), cuestiones preocupantes como el aumento de los discursos del odio. No es que no me preocupe o no me parezcan urgentes la pobreza o la indigencia, pero teniendo los recursos y teniendo la voluntad política, eso más o menos sabemos cómo se resuelve. Me parece que hay otras cuestiones que tienen que ver con la solidaridad y con la articulación comunitaria que no tenemos tan claro cómo se resuelven.
Cuando comenzó la gestión actual, ante la situación social crítica que dejó el macrismo, el gobierno convocaba a un nuevo pacto social para reconstruir el entramado social. Esa idea parece haber quedado atrás, a medida que se profundiza el conflicto político.
Casullo: Justamente esa es una de las cuestiones que a mí me parece que están complicadas en el momento actual, que es un momento políticamente muy polarizado, en donde encontramos a un gobierno que ha hecho esfuerzos, llamamientos a distintos sectores sociales, a hacer una política de colaboración y de unidad, pero hay sectores no sólo de la oposición sino sobre todo de las élites empresariales y económicas que realmente no están dispuestos a colaborar con el gobierno en esta coyuntura, que preferirían que el gobierno no gobierne, y que parece que no tienen que aportar en este momento. Esto lo hemos visto con bastante claridad en la gran resistencia al proyecto de ley del aporte extraordinario de las mayores fortunas de la Argentina. Entonces, es muy difícil en la Argentina pensar cómo podría darse un proceso en el cual diversos sectores sociales realizaran compromisos colaborativos hoy.
Teniendo en cuenta este escenario, ¿qué perspectivas hay de que el gobierno pueda avanzar en una agenda redistributiva que permita avanzar hacia una sociedad más justa?
Casullo: Yo creo que el gobierno tiene que avanzar. Creo también que el gobierno tiene que tener en claro que hoy en la Argentina vivimos en una situación en la cual la política, la sociedad, los medios, está fuertemente polarizada. Hay un sector que es rabiosamente opositor, que tiene una muy fuerte presencia y capacidad de instalar agenda y temas en la sociedad, pero también es cierto que muchas propuestas del gobierno, si uno mira las encuestas, tienen aprobación del 70 o el 80 por ciento. La propuesta del impuesto extraordinario a las mayores fortunas tiene una aprobación mayor al 60 por ciento en todas las encuestas. También el DNU que declara los servicios de internet y telefonía como servicios universales tiene un apoyo de más del 80 por ciento. Entonces, el gobierno tiene un espacio político para avanzar; lo que resulta difícil es pensar que va a poder avanzar por consenso. Creo que ahora es probable que no pueda avanzar con una gran agenda y que lo pueda hacer después del 2021 si tiene un resultado favorable en las elecciones de medio término y pasa a tener mayoría en el Congreso.
