Esa maldita gorra

Juventud, pobreza y violencia social

Crédito foto: Prensa Frente de Todos

Por Damián Ierace

— Nota publicada el 8 de noviembre de 2019 —

El caso de Brian Gallo, el presidente de mesa que fue discriminado por su aspecto durante las últimas elecciones y su imagen se viralizó en las redes sociales, puso de manifiesto los prejuicios de un sector de la sociedad, que frente a problemáticas como la inseguridad o el delito encuentra en los jóvenes de los sectores populares un chivo expiatorio al cual es necesario vigilar y castigar.

Luego de una cantidad de mensajes prejuiciosos y discriminatorios, el gesto reparador del presidente electo Alberto Fernández de recibir a Brian y fotografiarse “poniéndose la gorra” (resignificando el concepto), refuerza el cuestionamiento de un paradigma punitivismo clasista que, como discurso y política concreta, bajó desde el poder durante el gobierno de Cambiemos. En todo caso, el hecho grafica el modo en que la sociedad estigmatiza a un sector social, al que parece hacer responsable de todos los males y todos los miedos.

La lógica de la defensa social

Según Gabriela Rodríguez, antropóloga, docente e investigadora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), esa visión responde a una lógica de la defensa social, según la cual “nuestra sociedad está constituida por sectores a los cuales hay que proteger y sectores sobre los cuales hay que ejercer el control y la violencia, precisamente porque se los identifica como fuente de la vulneración de derechos de los ‘buenos vecinos’”.

Esa lógica, que atraviesa los discursos sociales, tiene su correlato en el accionar de las fuerzas de seguridad. Según un estudio realizado en el marco del Observatorio de las Violencias Sociales (OVISOC) de la carrera de Trabajo Social de la UNAJ, casi la mitad de los estudiantes de esa casa de estudios, ubicada en Florencio Varela, en el tercer cordón del Conurbano Bonaerense, fue víctima de distintas formas de violencia policial durante el último año. Y los números aumentan entre los estudiantes jóvenes.

El trabajo de campo, coordinado por Rodríguez y Gabriela Seghezzo, está enmarcado en el proyecto de investigación “Violencia institucional e (in)seguridades en el Conurbano Bonaerense. Prácticas violentas de seguridad y vulneración de derechos de jóvenes de sectores populares 2018-2020”, y consistió en un cuestionario presencial de preguntas cerradas que se le hicieron a 291 estudiantes de la UNAJ, respetando cuotas según género y edad.

El 46% de las/os encuestados dijo haber experimentado algún tipo de violencia policial durante el último año, mientras que entre los estudiantes jóvenes (hasta 29 años) la proporción ascendió al 48 %. Respecto de un estudio similar realizado en 2018, se registró un aumento del 9 %.

Tomando en cuenta el género, los datos revelaron que un 57% de los varones experimentó algún tipo de violencia policial durante el último año, mientras que entre las mujeres el porcentaje llegó al 39%. Si bien la proporción responde a los patrones esperados, llama la atención el alto porcentaje de mujeres que fueron objeto de algún tipo de violencia policial.

“Nuestros datos reafirman lo que hace años se viene planteando desde organismos de derechos humanos, es decir que los varones jóvenes son el objeto privilegiado de la violencia policial”, explicó Gabriela Rodríguez. Sin embargo, arriesga que el alto porcentaje de mujeres (39%), podría deberse al creciente protagonismo de las mujeres en el espacio público, “sobre todo en tanto sujeto político que reclama por derechos concretos y específicos”.

Otro dato preocupante es que de las/los estudiantes que sufrieron violencia policial durante el último año, el 29% afirma que fue en más de una oportunidad, llegando al extremo de un 5 % de los encuestados que afirman haber sufrido distintas situaciones de violencia en al menos cinco oportunidades.

Las distintas formas de la violencia

Si bien se suele considerar a la violencia física como la principal modalidad a la hora de reconocer la violencia policial, el estudio incluyó preguntas para conocer cuáles son los tipos de violencia hacia los estudiantes en el tercer cordón del conurbano bonaerense.

En un 40 % de los casos la práctica violenta consistió en haberse dirigido hacia ellos utilizando un lenguaje inapropiado, mientras que un 32 % fue sometido a insultos, descalificaciones u ofensas. Intimidación con armas (31 %), hostigamiento y burlas insistentes (28 %) o discriminación (27 %) son otras de las formas más habituales de violencia policial, según el estudio.

Un dato no menor es que casi la totalidad de las situaciones violentas que describen los encuestados tienen como marco situaciones irregulares. “No hay detenciones, intervenciones formales, sino formas de hostigamiento, prepotencia, avasallamiento. Por otro lado, la falta de denuncia nos advierte de algo que tiene que ver con el nivel de naturalización, de no problematización, de no cuestionamiento de las prácticas policiales”, advierte.

La inseguridad como construcción

Analizando los datos obtenidos, Rodríguez afirma que el modo en que se ejerce violencia por parte de las fuerzas policiales contra este sector social “tiene que ver con la manera en que es construido el problema de la inseguridad, como un problema que es producto de los delitos violentos de los jóvenes de los sectores populares. En ese sentido la violencia policial va claramente sobre esos sectores”.

Esa construcción de la inseguridad parece justificar la idea de que “para proteger los derechos de algunos es necesario vulnerar los derechos de los jóvenes de los sectores populares. Y eso es algo que como universidad tenemos que discutir, tenemos que problematizar y sobre todo tratar de articular con otros actores territoriales para poder desmontarlo”.

A partir de la información recabada en la encuesta, el equipo del proyecto realizará una serie de entrevistas en profundidad para abordar algunas de las problemáticas que emergen del estudio, para problematizar y de-construir los modos en que es pensado el problema de la seguridad “en un sentido amplio, no sólo en relación a la prevención del delito”.